Como habéis podido observar, en cada entrada os hemos querido ofrecer un análisis de diferentes perspectivas. En relación a todas ellas y a modo de conclusión, vemos que se trata de una problemática compleja y de difícil solución.
La participación de distintos agentes en este conflicto multiplica las posibilidades resolutivas, a la vez que dificulta que cualquiera de ellas se pueda llevar a cabo si no es con el beneplácito de los otros agentes. Así pues, vemos que se trata de un conflicto que se apoya en tres grandes pilares:
En primer lugar, observamos un conflicto de tipo económico. Observamos una empresa que compro unos terrenos en una época determinada con una legislación concreta al respecto, que permitía edificar complejos residenciales. La empresa en cuestión se opone a la variación del PAI ya que sus beneficios empresariales se podrían ver reducidos.
Por otra parte, se trata de un conflicto territorial en tanto que afecta a los vecinos y vecinas del barrio, los cuales están sufriendo ya algunos problemas de servicios o habitabilidad que podrían acrecentarse si las edificaciones se realizaran.
Por último, podemos afirmar que se trata de un conflicto de corte ecologista en tanto que atañe al ámbito medioambiental. Esto es así ya que la construcción de grandes edificios en zonas de caracter agrícola o cercanas a huertos perjudica gravemente a estas tierras, además de a sus gentes, que verán variado su entorno.
Probablemente, tanto el vecindario y las organizaciones en contra del PAI, como la empresa constructora deberán -mediados por una Administración Local, que de momento esta actuando de manera deficiente- encontrar una salida pactada a este problema, ya que de lo contrario, si se impone una posición, probablemente las otras partes afectadas no se quedarán de brazos cruzados y presentaran múltiples alegaciones, alargando un conflicto que viene ya de bastantes años atrás.
Enfrente de la amenaza del deterioro del suelo y altos niveles de contaminación que repercutirían en la toda la ciudad, CUIDEM BENIMACLET ha planteado una alternativa que considera la más viable y que beneficiaría los intereses de la mayoría:
recogido ya sobre 2500 firmas- legitiman esta posibilidad afirmando que se trata de terrenos con preeminencia agrícola, pretendiendo acogerse a herramientas legales como la Estrategia Territorial Comunitat Valenciana(ETCV), la cual contempla esta acción. Por su parte, la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia descarta rotundamente esta posibilidad, alegando que esta opción es inviable debido a los informes jurídicos del gobierno que afirman esta cuestión.


